El legislador de Morena César David Mateos Benítez propuso al pleno del Congreso del Estado reformar el Código Penal de Oaxaca para incluir un nuevo capítulo dedicado a la explotación del trabajo infantil, con el objetivo de dar herramientas legales que permitan perseguir este delito en la entidad.

La propuesta plantea añadir el Capítulo I Bis, denominado "Explotación del trabajo infantil", con los artículos 194 Quater y 194 Quinquies al Título Sexto del código, donde se fijarían penas de uno a cuatro años de cárcel y multas de entre 200 y 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Las sanciones podrían duplicarse cuando exista violencia física o psicológica contra la víctima, se aproveche su situación de vulnerabilidad económica o social, se le limite el acceso a la educación, se le asignen labores peligrosas o cuando el agresor tenga un vínculo de parentesco o tutela con el menor.

La iniciativa incluye una salvaguarda pensada específicamente para comunidades indígenas y afromexicanas: las actividades de ayuda mutua, el tequio y la transmisión de conocimientos tradicionales a niñas, niños y adolescentes no se considerarían delito, siempre que no impliquen explotación económica ni pongan en riesgo su salud, educación o seguridad. El punto resulta relevante para la Mixteca, región donde el tequio y el trabajo comunitario forman parte cotidiana de la vida en los pueblos.

El diputado sustentó su propuesta con cifras de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil del Inegi, según las cuales en Oaxaca hay 186 mil 881 personas de entre 5 y 17 años en situación de trabajo infantil, lo que equivale al 18.4 por ciento de la población infantil y adolescente del estado. De ese total, 119 mil 445 menores realizan actividades en sectores considerados peligrosos, como construcción, minería, agricultura y bares, mientras que 84 mil 376 desempeñan quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas.

La propuesta fue leída en una sesión ordinaria del segundo año de ejercicio de la actual LXVI Legislatura estatal, y los diputados acordaron enviarla para su estudio a la comisión que atiende asuntos de administración y procuración de justicia, instancia que deberá dictaminar si avanza hacia su discusión y eventual aprobación en el pleno.